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02 DE DICIEMBRE DE 2024
Familiares de víctimas plantearon la constitucionalidad de la pena, mientras otro grupo aseguró que impide la reinserción real. Habló una mujer condenada a perpetua en la primera jornada de una extensa audiencia pública.
La audiencia pública comenzó en la mañana y continúa, ya que se inscribieron 108 personas para exponer. Foto: Prensa Poder Judicial
Cuarenta y tres personas que participaron en la audiencia pública sobre prisión perpetua convocada por la Suprema Corte de Justicia expusieron con claridad las visiones antagónicas que genera el tema. Un grupo –en el que primó la voz de familiares de víctimas– consideró que esa pena es constitucional, que corresponde teniendo en cuenta el daño irreparable que causaron los victimarios; mientras otro grupo –en el que primó la voz de juristas y se destacó la de una mujer condenada a perpetua– planteó la inconstitucionalidad, por entender que no respeta tratados internacionales ni permite una posibilita real de resocialización.
La audiencia pública fue convocada por la Corte como una etapa previa –aunque no vinculante– antes de que el tribunal en pleno falle respecto de la cuestión de fondo: si la prisión perpetua es o no constitucional. Esto, en relación a la apelación de una sentencia que dictó el juez Eduardo Martearena en un juicio por jurados, donde 12 ciudadanos encontraron culpables de homicidio agravado a tres personas, figura penada con prisión perpetua, pero el magistrado la consideró inconstitucional y los condenó a 25 años de prisión.
La audiencia pública por la prisión perpetua comienza con 108 expositores
Con 108 oradores, comienza la audiencia pública en relación a la prisión perpetua, que fue convocada por los integrantes de la Suprema Corte de Justicia para escuchar las opiniones de distintos sectores antes de determinar si esa pena es o no constitucional.
Primera etapa
Debido a la cantidad de inscriptos, las ponencias se dividieron en tres etapas, la primera de las cuales comenzó puntualmente a las 9 y la segunda a las 15, ambas presididas por el titular de la Corte, Dalmiro Garay. A lo largo de la jornada, expusieron 43 personas, ya que algunas que estaba anotadas decidieron no participar.
Las personas tuvieron cinco minutos para exponer sus argumentos y lo hicieron desde lugares distintos: unas, desde su saber jurídico; otras, desde su ejercicio como legislador o funcionario, y la mayoría como ciudadanos y ciudadanas que sufrieron el asesinato de algunos de sus familiares.
Prisión perpetua: abren inscripciones para la audiencia pública
Sociedad Unidiversidad por Unidiversidad / Prensa Poder Judicial / Publicado el 02 DE OCTUBRE 2020 La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dispuso realizar una audiencia pública de carácter informativo el 22 de octubre para abrir el debate acerca de la constitucionalidad o no de la pena de prisión perpetua.
Más allá de las visiones antagónicas e incluso de los relatos dolorosos que hicieron familiares de víctimas, las exposiciones se concretaron en absoluta tranquilidad y sin agresiones. El único momento en que Garay, presidente de la Corte, pidió no hacer alusiones personales y ser respetuosos, fue luego de escuchar a Osvaldo Quiroga, padre de un joven asesinado en 2012. Dijo: “Hoy no estamos discutiendo si es constitucional o no, estamos discutiendo si les vamos haciendo más redituable el negocio a estos amorales, como Martearena. La discusión se trata del negocio de los nefastos mercaderes del derecho, que solo pretenden ofrecer un producto más y mejor a la escoria de la sociedad, que son los delincuentes peligrosos”.
Por la constitucionalidad
Aunque con matices, quienes avalaron la constitucionalidad de la pena compartieron algunos argumentos: que respeta la Constitución, que no viola tratados internacionales a los que Argentina adhirió y que desde 1994 tienen rango constitucional, y que la Corte Suprema de Justicia ya falló en este sentido, cuando en agosto de 2019 revocó la reducción de pena perpetua a 25 años de Guilermo Alvárez, que entre 1996 y 1998 asesinó a cuatro personas. Otro argumento compartido fue que el Poder Judicial no puede avanzar sobre lo que decidió otro, es decir, el Legislativo, donde se aprobaron las penas previstas en el Código Penal y las modificaciones posteriores que se impusieron a esa escala.
Entre quienes defendieron la constitucionalidad de la pena se encolumnaron juristas, legisladores y funcionarios, como Luis Petri, Néstor Majul, Gianni Venier, así como las psicólogas Belén Canafoglia y Sandra Martínez. Sin embargo, la voz preponderante fue la de familiares de víctimas de delitos, entre ellas, la de Diana Cohen, Andrés Villouta, Carla Pagliaricci, Graciela Bianchi, Magalí Bruno, Osvaldo Quiroga y Matías Bagnato.
Los familiares de víctimas contaron los momentos que vivieron luego del asesinato de sus seres queridos, lo difícil que fue y es seguir adelante, y compartieron la idea de que están condenadas en forma perpetua a vivir sin sus hijos, sin sus hijas y sin las mujeres víctimas de femicidio. Desde ese lugar es que plantearon la constitucionalidad de la pena.
La única voz disidente entre los familiares fue la de Silvia Ontiveros, que explicó que la vida la puso dos veces en la misma disyuntiva que se debate: fue víctima del terrorismo de Estado y fue víctima nuevamente en 2004, cuando asesinaron a su hijo Alejo Hunau. Dijo que siguió de cerca el cumplimiento de la pena del asesino, que siempre apostó a su recuperación, por lo que no consideró válida esa pena para delitos comunes, sí para los de lesa humanidad.
El juez Martearena, en la mira por negar una perpetua
Una vez más, la Justicia y el Gobierno se encuentran enfrentados y envueltos en una polémica. Es que el juez Eduardo Martearena, argumentando que es inconstitucional, se negó a la condena de prisión perpetua decidida por el jurado popular en contra de tres imputados, acusados de asesinar al cuidacoches Leonardo Lucero en Godoy Cruz, caso conocido como el de la "valija fúnebre".
Por la inconstitucionalidad
Entre quienes plantearon la visión contrapuesta, la de la inconstitucionalidad de la prisión perpetua, se encolumnaron profesionales del derecho y las ciencias sociales, entre los que se destacaron Fernando Peñaloza, Claudia Cesaroni, Guillermo Rubio, Juan Cruz Chapuy, Francisco Machuca, Guillermo Nicora, Leonardo Maturano (defensor de dos de los tres condenados por Martearena) y Patricia Farina. La mirada distintiva fue la Adriana Geroli Pérez, condenada a prisión perpetua en 2012, por el asesinato de su esposo.
Los profesionales del derecho compartieron argumentos parecidos para plantear su visión: que la pena viola tratados internacionales y principios básicos contemplados en la Constitución, como la necesidad de que la condena sea una posibilidad para que la persona pueda lograr la resocialización y no un mero castigo. Además, plantearon que, tal como está contemplada en el Código Penal la figura (que tuvo modificaciones en 2004 con las llamadas "leyes Blumberg"), cuando un magistrado aplica la pena, esta es única, es decir que no tiene posibilidad de adecuarla a la situación particular de cada caso, a lo que sumaron que una vez que se cumple la condena, no existe posibilidad cierta de revisión ni de acceder a beneficios a los 35 años, ya que estos fueron restringidos por las modificaciones que se hicieron a la Ley de Ejecución Penal en 2017.
A los argumentos jurídicos se sumó una la visión de Adriana Geroli Pérez, condenada a prisión perpetua. La mujer explicó que, más allá de entender la gravedad del delito que cometió y la necesidad de cumplir una pena, consideró que esta es como una cadena perpetua que impide volver a empezar, que es excesiva e inhumana, ya que aseguró que no tiene relevancia lo que haga o deje de hacer, porque recién podrá salir en libertad a los 77 años.
“La prisión perpetua no cumple con esta finalidad de resocialización, es un período demasiado alto de privación de libertad, causa daños irreversibles, impidiendo volver a empezar, aún si se está arrepentido de los hechos. Es excesiva, inhumana, se parece más a una venganza, a una tortura, que a una pena. Es una experiencia traumática y en ocasiones las personas son incapaces de llevar una vida”, fueron sus palabras.
La audiencia pública continuará mañana a partir de las 9 y hay 30 inscriptos para exponer, entre los que están el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, el exgobernador Alfredo Cornejo y la querellantes en causas de lesa humanidad Bibiana Beigel.
Acá se puede ver completa la primera jornada
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