Incertidumbre: esa es la sensación que se repite en las sedes locales de los organismos científico-técnicos que fueron degradados por decreto, que perdieron su autonomía de decisión y el manejo de los fondos. Desde los institutos nacionales de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Agua (INA), de Vitivinicultura (INV) y de Tecnología Industrial (INTI), coincidieron en asegurar que carecen de información y definiciones sobre las nuevas estructuras y sobre el futuro del personal, además de advertir sobre las líneas de trabajo que están en riesgo debido a las modificaciones planteadas en la norma.

Esa incertidumbre que reina puertas adentro abarca a toda la cadena, desde las autoridades hasta el personal, que no saben cómo seguirán con su labor, que en todos los casos está relacionada con el mejoramiento en la calidad y los controles de los sistemas productivos, así como con evaluaciones relacionadas con el recurso hídrico, un aspecto clave para Mendoza.

Hay otro aspecto común: pierden profesionales, ya sea porque, ante la incertidumbre, deciden seguir otro camino o porque, desde Nación, conminaron a jubilarse a quienes ya estaban en edad de hacerlo. Tampoco saben qué pasará con quienes tienen un contrato: en algunos casos, se lo renovaron por tres meses y, en otros, se vence a fin de año.

Desde su creación, el INTA marcó una política de Estado en materia productiva. Hoy, eso cambió con el decreto. Foto: Unidiversidad

Por decreto

La degradación e incluso la fusión de estos institutos científico-técnicos comenzó como un rumor y luego se transformó en realidad a través de decretos amparados en la Ley Bases N.° 27742, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año (período que concluyó). La norma dio potestad al Ejecutivo para eliminar o modificar organismos, proceso que lideró el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.

El 17 de junio de 2025 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 39, que le quitó la autonomía al Instituto Nacional del Agua (INA) y lo transformó en una unidad organizativa dentro de la estructura de la Secretaría de Obras Públicas, que depende del Ministerio de Economía de la Nación.

Un mes más tarde, el 7 de julio, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 462, que les quitó autonomía y el manejo de fondos a organismos relacionados con la producción y la industria, que quedaron bajo la órbita del Ministerio de Economía. El INTA pasó a ser un organismo desconcentrado y se eliminó su conducción colegiada, que se reemplazará con un presidente designado por el Ejecutivo; el INV se transformó en una unidad organizativa y, al igual que el INTA,, ahora depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En cuanto al INTI, se transformó en unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio.

Los decretos están amparados por ley y se encuentran en plena vigencia, pero deben pasar por el Congreso, específicamente por la Comisión Bicameral, que elaborará sendos dictámenes para luego tratarlos en las cámaras, que no pueden modificarlos, sino aceptarlos o rechazarlos por mayoría. La politóloga María Mustapic explicó al sitio Chequeado cuáles son los requisitos para que se aprueben o desestimen. Dijo que serán válidos si los aprueban ambas cámaras, o si lo hace una sola por mayoría, o si una de ellas no los trata. En cambio, para que dejen de tener vigencia, debe votar por la negativa la mayoría, tanto en el Senado como en Diputados.

Teniendo en cuenta este paso obligado por el Congreso, desde los organismos iniciaron conversaciones con legisladores y legisladoras nacionales por Mendoza para que voten por el rechazo. Además, la Asociación del Personal de INTA (Apinta) presentó un amparo judicial para frenar los alcances del decreto que degradó al organismo. Una presentación similar hizo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) respecto del INTI. De acuerdo a información publicada por diario La Nación este miércoles 29 de julio, la Justicia Federal dio lugar al amparo y ordenó al Ejecutivo Nacional abstenerse de realizar cualquier acto administrativo derivado del Decreto 462 por un período de seis meses.

¿Qué cambió puertas adentro de cada instituto desde la vigencia de los decretos? ¿Qué líneas de trabajo están en riesgo y qué implica descontinuarlas para las cadenas productivas, para la industria y para la población? Las respuestas las brindaron a Unidiversidad desde las sedes locales de cada uno de los organismos.

En Mendoza funciona el Centro Regional Andino, del INA. Foto: Unidiversidad

INA

¿Qué hace?

El INA es un organismo científico tecnológico especializado en la preservación y aprovechamiento del recurso hídrico. Cuenta con cuatro centros en el país, en los que se desempeñan 300 personas, además de un polo de laboratorios, en Ezeiza. En Mendoza funciona el Centro Regional Andino, especializado en la zona oeste cordillerana, que depende de las nevadas y los deshielos, y donde trabajan 32 personas (12 de planta, y el resto, contratados).

Cambios

Desde el Centro Regional Andino, informaron que desconocen cómo será el nuevo organigrama y si se mantendrá la estructura existente. En cuanto al personal, se renovaron los contratos por tres meses, pero se perdieron profesionales: en unos casos, renunciaron ante la incertidumbre, y en otros, porque desde Nación conminaron a quienes cumplen los requisitos a jubilarse.

Profesionales del Centro Andino realizan tomas de muestras para evaluar la calidad del agua. Foto: gentileza INA

En riesgo

En cuanto a las líneas de trabajo, comentaron que el mayor riesgo se centra en los proyectos y servicios técnicos que realizan con financiamiento externo (del gobierno provincial, municipios y Departamento General de Irrigación -DGI-, entre otros), ya que, hasta ahora, tenían autonomía para firmarlos y, a partir del decreto, debería hacerlo Nación.

Algunos ejemplos son:

-Determinación de la calidad del agua subterránea en Mendoza, niveles de los acuíferos, reserva y balance hídrico.

- Control como auditor científico externo de los pasivos ambientales, es decir, de la contaminación de acuíferos por la actividad petrolera, así como de las acciones tendientes a su remediación.

- Determinación de riesgo aluvional, afectación de la población por lluvias torrenciales, temperaturas, caída de nieve, todos análisis que realizan con base en los datos de la red de estaciones meteorológicas ubicadas en el área metropolitana y que estaban llevando a la zona de riego, en especial el Este y Valle de Uco. Todos los datos los recibe Defensa Civil.

La Regional Mendoza-San Juan de INTA cuenta con cinco experimentales en las que trabajan 398 personas. Foto: Unidiversidad

INTA

¿Qué hace?

INTA es un organismo científico-técnico que realiza aportes a los sectores agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, a través de la investigación y la extensión. Tiene presencia en todo el país. La Regional Mendoza-San Juan cuenta con cinco experimentales ubicadas en Luján de Cuyo, Junín, La Consulta (San Carlos), Rama Caída (San Rafael) y Pocitos (San Juan). En casi todos los departamentos de ambas provincias existe una agencia de extensión. Trabajan 398 personas, 310 de ellas en Mendoza.

Cambios

El director de la regional INTA Mendoza-San Juan, Claudio Galmarini, dijo que incertidumbre es la palabra que mejor define la situación, porque se cambió la estructura de gobernanza, pero aún no hay una nueva. Explicó que, desde la creación del Instituto, la autoridad máxima era un consejo directivo que tenía representación del gobierno, las entidades del campo (sector privado) y la academia —que se replicaba en cada regional— y definía prioridades en líneas de trabajo, en recursos humanos y presupuesto. Ahora dependen directamente del Ejecutivo nacional. El profesional comentó que esto ralentiza, por ejemplo, las compras, hasta tanto exista una nueva estructura administrativa, que aún no se define.

"El INTA fue una política de Estado, una de las pocas que sostuvo Argentina a lo largo de los años", dijo Galmarini. Foto: Unidiversidad

En riesgo

Galmarini consideró que no están comprometidas las líneas de trabajo, sino que pueden existir demoras, teniendo en cuenta que se modificó la estructura organizativa, que aún no está la nueva y que, cuando la conozcan, deberán adecuarse a ella.

El profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO dijo que, desde su creación, el INTA fue una política de Estado, una de las pocas que sostuvo Argentina a lo largo de los años, lo que permitió, con virtudes y defectos, sostener líneas de trabajo a largo plazo y consensuadas. Sostuvo que eso es lo que perdió con el decreto y lo que genera incertidumbre por la falta de previsibilidad.

El organismo cuenta con un sector relacionado con múltiples aspectos de los alimentos. Foto: INTI

INTI

¿Qué hace?

Mediante la innovación y transferencia de tecnología, el INTI promueve el crecimiento de la industria, en especial de las pymes. Cuenta con una red de centros en todo el país, especializados en cada sector. El de Cuyo incluye a Mendoza, que cuenta con una sede en Luján de Cuyo y una unidad de extensión en San Rafael. En total, trabajan 53 personas.

Cambios

Diego Cardozo, que trabaja hace 17 años en el organismo en el área de Producción Sustentable, afirmó que, por el momento, no hubo modificaciones sustanciales, aunque reina una enorme incertidumbre. La razón —explicó— es que, al día siguiente de la publicación del decreto, el presidente de la institución les dijo a todos los jefes de los centros que el INTI no debía competir con el sector privado. Esto abrió una incógnita. Se preguntan, por ejemplo, si la intención es que un privado haga las certificaciones que ellos realizan, aunque para muchos productos no existen en ese sector o no cuentan con la maquinaria ni el personal idóneo, o es imposible solventarlas para la pyme.

En la sede de Luján de Cuyo del INTI se realizan múltiples capacitaciones. Foto: INTI

En riesgo

Con base en la solicitud nacional de que no compitan con el sector privado, Cardozo explicó que, hasta no conocer el alcance concreto de ese concepto, las grandes líneas de trabajo que realizan en Mendoza y en Cuyo están en riesgo. Algunas son:

-Alimentos: cuenta con diversos sectores que determinan si un producto cumple con el Código Alimentario. Incluye áreas como bromatología, gluten, envases y embalaje, desarrollo de alimentos y análisis de metales pesados en agua.

-Tecnología de gestión: mejoras específicas en el sistema de producción, en busca de aumentar la productividad y la sanidad.

-Área 4.0: manejo de grandes volúmenes de datos para, por ejemplo, utilizar sensores a lo largo de la trazabilidad del producto, desde la materia prima hasta el punto de venta.

-Producción sustentable: líneas de apoyo a la industria para reducir huella de carbono, residuos y efluentes.

-Laboratorio de Metrología: contribuye a asegurar la calidad de las mediciones vinculadas con la producción industrial.

- Convenios de consultoría: los firman con distintas instituciones. Hasta el momento, se decidían en la sede local, pero no saben si continuarán, teniendo en cuenta que todas las decisiones las tomará Nación.

Los laboratorios del INV son reconocidos en el mundo por la calidad de sus profesionales. Foto: INV

INV

¿Qué hace?

El INV controla la trazabilidad del vino, desde el viñedo (registran variedad, hectáreas y ubicación), control de la elaboración en bodega hasta el resultado final en botella. Está presente en 17 provincias, donde trabajan 432 personas, 250 en Mendoza.

Cambios

El ingeniero químico industrial, inspector del INV desde hace 23 años y representante de ATE, José Marcelo González, explicó que el decreto marcó un cambio sustancial respecto del trabajo de control. Dijo que siempre se hizo en toda la cadena productiva y que ahora se limitará al tramo final, es decir, a la botella en góndola. Comentó que ya no van a bodegas grandes, sino a las pequeñas y a algunos puntos de venta, desde vinerías hasta supermercados.

En riesgo

-Sistema de control: González comentó que el cambio en el sistema de control puede causar problemas, en el sentido de que el vino es un alimento y cualquier alteración puede causar un problema en la salud pública. Dijo que la mayoría de las bodegas hacen las cosas bien, pero que algunas no cumplen con las normativas, y es necesario advertirlo e intentar corregirlo antes de que el producto salga al mercado.

-Utilización de alcoholes: existen vinos endulzados que se elaboran con alcohol que debe ser de origen vínico, pero, si no existe control, se puede utilizar de cereal o caña, que son más baratos. Otras alternaciones pueden ser el uso de colorantes para transformar un vino blanco en tinto, o que tenga un nivel de acidez elevada.

-Certificaciones: el registro que el INV hace en los viñedos permite otorgar, a pedido de las empresas, la Indicación de Origen (IO), la Indicación Geográfica (IG) o la Denominación de Origen Controlada (DOC). A partir de ahora, no saben cómo se realizará.

-Etiquetado: la falta de control también puede provocar la falsificación de vinos, es decir, que alguien coloque a una botella la etiqueta de una marca reconocida y la venda.

-Laboratorios: son reconocidos a nivel mundial por la calidad de sus profesionales y análisis. El decreto no aclara cómo seguirán funcionando.