La Nación será querellante en el caso Olivera

La Cámara de Apelaciones de Mendoza aceptó la presentación del abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza. Los jueces consideraron que en la causa existe violencia de género y que es una desaparición. Peñaloza insistirá ante la Justicia para convertirse en querellante en el caso de Johana Chacón. 

La Nación será querellante en el caso Olivera

Sociedad

Unidiversidad

Verónica Gordillo - Foto: Archivo/Axel Lloret

Publicado el 11 DE NOVIEMBRE DE 2014

La Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, será querellante en la causa por la desaparición de Soledad Olivera, la joven lavallina de la que nada se sabe desde el 18 de noviembre de 2011, cuando salió de su casa en la localidad de Tres de Mayo. Esto será posible debido a que la Cámara de Apelaciones de Mendoza dio lugar al pedido de ese organismo.

La posibilidad de convertirse en querellante de la causa permitirá al organismo nacional colaborar en la investigación, ofrecer pruebas, asistir a las audiencias, aportar testigos y acompañar pericias. Cuando se sustancie el juicio, podrá participar como un acusador más.

Fernando Peñaloza, abogado de la Secretaría, fue quien elevó la presentación para convertirse en querellante, tanto en el caso por la desaparición de Olivera como en el de Johana Chacón, la estudiante lavallina que fue vista por última vez el 4 de septiembre del 2012. Esta petición la hizo hace años ante el fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay –que lidera la investigación en ambos casos–, quien la rechazó.

La razón que esgrimió Peñaloza ante Garay para convertirse en querellante en ambas causas fue que hace años dos chicas están desaparecidas y el Estado no dio respuestas, y recalcó que por esta inacción puede ser sancionado por los organismos internacionales. 

Garay no compartió estos argumentos y rechazó la petición. En el caso de Johana, porque consideró que no existe ningún delito comprobado; en el caso de Soledad, porque entendió que el organismo nacional no está legitimado para convertirse en querellante por no ser un afectado directo, como sí lo sería un familiar.

Peñaloza recurrió a la instancia superior; fue la Cámara de Apelaciones quien le dio lugar a su pedido y habilitó a la Secretaría para convertirse en querellante en la causa Olivera, noticia que dio a conocer Sitio Andino.



Los integrantes de la Cámara de Apelaciones entendieron que el hecho investigado debe ser calificado como violencia contra la mujer y, por ende, “una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales”. En este sentido, detallaron que está imputado Mariano Luque, de quien se encuentra acreditado que mantuvo una relación sentimental con la mujer desaparecida hace tres años, la que habría sido objeto de amenazas por parte del imputado, presuntamente por no aceptar continuar con la relación.

El escrito, firmado por los jueces Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel, determinó que se trata de una desaparición prolongada en el tiempo, define al caso como grave y que provoca una gran alarma y conmoción social, especialmente en la comunidad de Lavalle. Y destaca que en este mismo lugar sucedió la desaparición de Johana Chacón.

“La situación de clara violación de derechos humanos que se desprende del hecho denunciado, la circunstancia de que la investigación llevada adelante se haya extendido en el tiempo sin que luego de transcurridos casi tres años de desaparecida Soledad Olivera se haya castigado al responsable y, lo que es más grave, no haya podido darse con su paradero, puede acarrear responsabilidad al Estado Nacional, aun cuando la autoría del delito sea atribuida a un particular” se lee en el escrito.

Los jueces también hacen alusión a la “situación de desamparo” en la que se encontraría la víctima, ya que sus herederos forzosos –hermanos y hermanas– no se constituyeron en querellantes particulares. Teniendo en cuenta estos fundamentos es que admitieron a Fernando Peñaloza como querellante popular

Peñaloza explicó a Edición UNCUYO que la decisión es importante porque podrá intervenir en la causa y, sobre todo, por los argumentos que esgrimieron los jueces, ya que consideraron que existe violencia de género y desaparición, algo que hasta el momento no estaba acreditado en ningún documento.

El abogado comentó que, además de seguir de cerca la causa de Olivera, insistirá con el pedido para convertirse en querellante en la causa de Johana Chacón, otra vez ante el fiscal Garay, utilizando los argumentos de los jueces que ya aceptaron su petición.




Las desapariciones

Johana Chacón fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012, cuando descendió del micro que la llevó desde la escuela Virgen del Rosario hasta la finca de la familia Curallanca, donde vivía con sus tres hermanos y su hermana desde que su padre Bernardo Chacón accedió a que se quedaran en la casa de ese vecino.

Al día siguiente, la directora de la escuela Virgen del Rosario, Silvia Minoli, se enteró de que la joven había desaparecido, se movilizó e hizo la denuncia. Pocas horas después supo que un año antes había desaparecido Soledad Olivera, una joven de 33 años cuyos tres hijos también asistirían al colegio.

Por este último caso, la Suprema Corte de Justicia solicitó el jury contra el titular de la Unidad Fiscal Las Heras-Lavalle, Darío Nora, por presunto mal desempeño en la investigación luego de las primeras horas de la desaparición. Pero los mismos miembros del tribunal votaron por unanimidad desestimar la acusación.

La investigación por ambas desapariciones quedó en manos del fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, quien fue criticado desde diversos sectores por seguir una hipótesis de homicidio y no de trata de personas. 

Hoy la investigación no muestra demasiados avances, pese a los rastrillajes que se hicieron en la finca donde vivía la joven y los allanamientos realizados en distintos lugares donde dijeron haber visto a la adolescente.

Las maestras de la escuela, integrantes de organizaciones y el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, presentaron un escrito ante la Justicia Federal de Mendoza para que se inicie una investigación con la hipótesis de trata de personas. El mismo fue aceptado y quedó en manos del fiscal Fernando Alcaraz, quien pidió copia del expediente y dio intervención a la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex).


Luque, el imputado

En la causa por la desaparición de Olivera hubo avances, especialmente la detención e imputación en agosto del 2013 de Mariano Luque por privación ilegítima de la libertad. 

La investigación liderada por Garay determinó que Luque tenía relación con Soledad Olivera, lo que quedó demostrado a través de las numerosas comunicaciones que tuvieron entre los celulares de ambos. Incluso, Soledad comentó el día de su desaparición que se iba a encontrar con Luque.

La etapa de instrucción de la causa concluiría y en breve pediría la elevación a juicio del caso. Además, el fiscal está convencido de la conexión que existe entre la desaparición de Olivera y de Chacón, y esa conexión es Luque, al que las dos jóvenes conocían.

Luque es el hijastro de Luis Curallanca, el hombre que albergó en su casa a los cinco hermanos Chacón con la anuencia de su padre, Bernardo Chacón. Además, al momento de la desaparición de Johana, Luque era la pareja de Beatriz, hermana de la joven desaparecida.

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