Próvolo: la trama legal de la defensa de las monjas

Unidiversidad | Sociedad

14 de noviembre de 2017, 20:20. Por: Verónica Gordillo.


Carlos Varela Álvarez denunció a los profesionales del Cuerpo Médico Forense y los intérpretes en lengua de señas. Es por falsedad. Críticas al fiscal Stroppiana y a la jueza Alonso.


Próvolo: la trama legal de la defensa de las monjas

Varela Álvarez y Fallet, dos de los defensores de las religiosas. Foto: archivo/Axel Lloret


Un llamado de atención. Así describió Carlos Varela Álvarez la denuncia penal que presentó contra los profesionales del Cuerpo Médico Forense y contra las intérpretes en lengua de señas que participan en la investigación por los denuncias de abuso en el Instituto Próvolo, a quienes acusó por la falsedad de sus informes e interpretaciones. Dijo que la denuncia es una advertencia, porque las tergiversaciones no sólo afectan a sus defendidas, las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, sino que si no se corrigen estos errores el juicio será “desastroso”.

Desde que la religiosa de origen japonés fue imputada como partícipe primaria por los abusos, Varela Álvarez evitó el contacto con la mayoría de los medios de comunicación. Eso cambio el martes 14 de noviembre cuando brindó una conferencia de prensa junto a los colegas que lo acompañan en la defensa: Lucas Fallet, Ramiro Villalba, Ignacio Aragonez y Valeria Corbacho (que no tiene ninguna relación con el sacerdote imputado), una letrada de Buenos Aires a quien el penalista conoció cuando la mujer defendía al expresidente Fernando De La Rúa y él a Alberto Flamarique, en la causa conocida como Banelco, donde se investigó el pago de coimas por la aprobación de un proyecto de reforma laboral.

En la conferencia, que brindaron en un hotel céntrico, también participaron la intérprete en lengua de señas, Victoria Montero y María Pía Scattini y Ariel Brachetti, una persona sorda que enseña la lengua de señas y además es consultor en la materia. Ese grupo fue el que analizó 7 testimonios que se tomaron en Cámara Gesell y concluyeron que en 5 se tergiversaron las preguntas y las respuestas de los exalumnos.

Críticas a Stroppiana y Alonso

Varela Álvarez, quien explicó que fueron contratados por la congregación El Huerto a la que pertenecen los dos religiosas imputadas, dijo que está convencido de la inocencia de Kumiko y Martínez. Aseguró que la monja japonesa nunca estuvo prófuga, que siempre se ajustó a derecho y que es consciente de la imagen negativa de la mujer, debido al impacto mediático.

El penalista criticó tanto al fiscal que lidera la investigación, Gustavo Stroppiana, como a la jueza de Garantías, Alejandra Alonso, por rechazar el pedido de la defensa de sumar a la causa a los profesionales del  Programa Nacional de Asistencia a las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de la Justicia (Adajus), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.  Dijo que Stroppiana y Alonso formaran un verdadero “frontón arbitrario” y que la magistrada se negó “en forma escandalosa” a aceptar veedores reconocidos por su pericia en la materia.

El defensor de las religiosas también criticó a los querellantes. “Hay un abroquelamiento por parte del Ministerio Público Fiscal y los querellantes”, fueron sus palabras.

Varela Álvarez aseguró que su mayor pretensión es que la Justicia “se encarrile” y que lleve adelante un proceso penal justo, algo que aseguró no se da desde el inicio de la causa a fines de 2016.

Próvolo: una víctima señaló el lugar donde sufrió abusos

Una exalumna participó de una inspección ocular en el predio del Instituto Próvolo. Comprometió a Kumiko.

La denuncia

El equipo que defiende a las religiosas presentó en la Unidad de Delitos Sexuales una denuncia penal contra un grupo de profesionales del Cuerpo Médico Forense, que firmaron los informes respecto de la condición médica y psicológica de los testigos, y contra los intérpretes en lengua de señas, que actuaron desde que se inició la causa y que son clave en las declaraciones que se toman en Cámara Gesell.

La denuncia –de 130 páginas- está sustentada en el artículo 175 del Código Penal, que prevé hasta 10 años de prisión para quien incurra en los delitos de falsedad, en este caso tanto en los tanto en los informes médicos y psicológicos, como en la interpretación de los dichos de los testigos.

Corbacho fundamentó la denuncia contra siete profesiones del Cuerpo Médico Forense. Explicó que luego de analizar los informes concluyó que no realizaron ninguna prueba específica para determinar la discapacidad auditiva de los testigos, y que no tuvieron en cuenta los informes respecto de las intervenciones que hicieron en los distintos casos la Justicia de Familia, las comunas y los hospitales, que según recalcó la letrada fueron obviados por los especialistas.

La denuncia contra las intérpretes en lengua de señas la fundamentaron  Montero y Scattini, ya que Brachetti actuó como una especie de veedor. Analizaron el contenido de 7 testimonios que se tomaron en cámara Gesell y aseguraron que en 5 hubo tergiversaciones entre los dichos de los testigos y la interpretación, además de señalar las graves falencias técnicas del proceso y las interrupciones constantes a la narración de los testigos.

Los profesionales aseguraron que luego del análisis del trabajo de las intérpretes determinaron: que las psicólogas realizaron preguntan genéricas a los testigos, pero que las intérpretes las direccionaron, que indujeron respuestas, que introdujeron en nombre de personas que no fueron nombradas y que alteraron el sentido de los dichos de los exalumnos.

Brachetti aseguró que en el proceso judicial es necesario incluir a un veedor del trabajo de las intérpretes, para evitar cualquier inconveniente.

Intencionalidad

Luego de la conferencia, el equipo de profesionales contestó las preguntas de los periodistas. Dijeron desconocer las intencionalidades de las intérpretes y de los profesionales para falsear informes y testimonios, también aseguraron desconocer las razones por las que Daniel Sgardellis (un exalumno del Próvolo de La Plata que se presentó ante la Justicia mendocina) criticó la actuación de los profesionales de Adajus.

Los abogados también aseguraron desconocer las denuncias y causas de los exalumnos de Verona, Italia y de La Plata. Varela Álvarez aseguró que ellos hablan por la causa de Mendoza y que no conocen ni opinan sobre los otros procesos.   

La causa por las denuncias de abuso sexual en el Próvolo de Luján de Cuyo ya tiene a quince personas imputadas, entre ellos los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho y las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, además de exempleados y exdirectivos del instituto.

 

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