Funcionarios deberán presentar su declaración jurada
El gobernador firmó el decreto. Fue un pedido del fiscal de Estado. Las declaraciones serán de libre acceso. Si no las presentan, los sancionarán. Alcanza a mandos del actual gobierno.
El gobernador firmó el decreto. Fue un pedido del fiscal de Estado. Las declaraciones serán de libre acceso. Si no las presentan, los sancionarán. Alcanza a mandos del actual gobierno.
Son 55 hectáreas de la localidad lujanina que rematará el gobierno.
La Fiscalía de Estado encontró irregularidades en tres nombramientos del Ministerio de Transporte y falló en contra.
Expulsaron a Dante González del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo.
La Fiscalía de Estado emitió el primer dictamen referido al derecho a la información pública a pedido de un periodista.
“Necesitamos un nuevo pacto fiscal que ordene el descalabro de la presión fiscal argentina y así recuperar rentabilidad”, señaló Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Este lunes explicará su negativa.
El Fiscal de Estado y una vieja disputa con la Nación
Legisladores de todos los bloques de la Cámara Alta se comprometieron a tratar y aprobar el próximo martes 26 cuatro proyectos para intentar dar respuesta a la problemática.
Fernando Simón se reunirá con representantes de todas las fuerzas políticas y los candidatos a gobernador, entre otras instituciones, para explicar la demanda que La Pampa le hizo a la Provincia por el uso de ese cauce de agua.
El contexto político eleccionario, el rechazo de varias causas que avanzan sobre la complicidad civil y algunos inconvenientes en la realización de los dos juicios por delitos de lesa humanidad que se realizan en la provincia alertan sobre posibles maniobras para retornar a la impunidad.
Al menos la oposición reveló que pondrá bolillas negras en bloque. Desconfían del alineamiento de su tropa.
El experto en informática que colaboraba con la Unidad Fiscal AMIA, Diego Lagomarsino, declaró hoy por escrito sobre cómo era su relación económica con el fallecido Alberto Nisman, quien fue encontrado sin vida el 18 de enero en el baño de su departamento en la torre Le Parc de Puerto Madero, y señaló que la mitad del sueldo que percibía se lo quedaba el fiscal.
Gendarmería Nacional, a pedido de la jueza Fabiana Palmaghini, ya se encuentra custodiando a Diego Lagomarsino, el hombre que le entregó el arma Bersa calibre .22 al fiscal Alberto Nisman horas antes de su muerte.
Mientras la semana pasada la Procuraduría General de la Nación defendió su rol investigador en las causas de narcocriminalidad, en Mendoza avanzan con la iniciativa de que la justicia local se haga cargo de las causas menores.
El Procurador de Narcocriminalidad estuvo en Mendoza hace dos semanas para reunirse con representantes de los tres poderes del Estado mendocino. El hombre vino para hablar sobre investigaciones complejas de narcotráfico, los conflictos de competencia entre la justicia federal y la provincial para esclarecer este tipo de crímenes multidelictuales.
Intimidaciones, provocaciones y graves sospechas sobre una articulación que atenta contra el desarrollo del megajuicio por delitos de lesa humanidad, se han vuelto frecuentes en el mes y medio de audiencias. Las amenazas que revictimizan a sobrevivientes y familiares por parte de algunos de los acusados en libertad, entronca con actitudes lesivas de la policía encargada del operativo de seguridad, y se enmarca en el juego de relaciones y posicionamientos de algunos abogados defensores. Edición UNCUYO ofrece el siguiente relevamiento fotográfico de hechos que son datos, materia de investigación para las autoridades.
Fue abrumadora la jornada del 10 de marzo en el megajuicio por delitos de lesa humanidad. El fiscal Vega leyó los resúmenes de las causas que comprometen a los excamaristas federales en un total de 43 desapariciones forzadas. El sistemático rechazo de las denuncias presentadas por familiares de las víctimas y las complicidades evidentes con las fuerzas de seguridad, por acción u omisión, dimensionan la condición cívico-militar fundante del terrorismo de Estado. Descripción de los hechos que derivaron en caídas grupales y la responsabilidad de los exjueces.
La segunda semana del megajuicio por delitos de lesa humanidad comenzó con importantes novedades respecto de los imputados. Permitió que el fiscal Dante Vega resumiera los hechos y acusaciones de causas emblemáticas, como la caída grupal de abril de 1977 contra militantes montoneros, y la de las desapariciones de Laura Terrera y Alfredo Manrique junto a la supresión de identidad de Celina Rebeca, hija de ambos. También se evidenció la impunidad con la que se desenvuelven aún los exfuncionarios federales: Otilio Romano presionó al Tribunal por su autodefensa y se confirmó el apartamiento de Gabriel Guzzo, exjuez acusado de 107 violaciones a los derechos humanos.
Con excepción del juicio de Nuremberg, que incluyó el procesamiento a funcionarios judiciales del régimen nazi por omitir investigar, facilitar la comisión, o directamente participar de crímenes aberrantes contra la humanidad; no hay antecedentes históricos de enjuiciamientos masivos que denoten la responsabilidad de civiles de manera articulada, masiva y sistemática. El megajuicio que inicia en Mendoza este 17 de febrero dará cuenta, entre más de 200 casos en total, de 107 hechos de violaciones a los derechos humanos por parte del terrorismo de Estado en Mendoza, avalados, promovidos, o concretados por cinco imputados que ejercieron roles trascendentes en la Justicia Federal de Cuyo durante la dictadura y garantizaron, en democracia, la impunidad para sí mismos y para sus socios, militares y policiales. Repaso del primer juicio oral y público en la Ciudad de Mendoza, como uno de los puntales que impulsaron el histórico proceso actual.