El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva registró 96 664 abortos en 2022, 62% más que en 2021. Claudia Anzorena, socióloga e investigadora del Conicet, propone analizar el fenómeno de manera integral para no caer en interpretaciones simplistas.
REDAAS, una red de profesionales de la salud y el derecho, presentó ERA, una plataforma destinada a especialistas que atienden a mujeres, adolescentes, niñas y otras personas gestantes que solicitan un aborto.
A dos años de la sanción de la norma, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, dio a conocer un informe sobre los avances y desafíos en la aplicación. Hay 1443 centros sanitarios que garantizan la práctica.
Lo afirmó Leticia Morcos, integrante de Líbera, abogacía feminista. Hay frenos en las obras sociales, en el sistema público y en el privado. Objeción de conciencia cuando no corresponde, falta de equipos y farmacia, y escasez de información, impiden el cumplimiento de un derecho.
Un reporte del proyecto Mirar analizó cómo se aplica la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Información poco clara, procedimientos riesgosos en lugar de medicamentos y uso inadecuado de la objeción de conciencia son parte de los desafíos.
Lo afirmó Ana Lía Allemand, presidenta de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Esta habilitación posibilitará para todo el país el acceso al tratamiento combinado, el “estándar de oro” para realizar interrupciones del embarazo. Si se exporta a toda la región, aseguró Vizzotti, será además un círculo virtuoso industrial, productivo y económico.
El estudio elaborado por CEDES e Ibis analizó los dos años de debate (2018 y 2020) y el primer año de implementación de la ley (2021) de IVE. Si bien hay diferencias regionales y de género en la autoría de los artículos, “las coberturas fueron acompañando la despenalización social del aborto”.
Organizaciones de derechos humanos, de mujeres, sociales, sindicales y políticas pidieron la absolución de una mujer presa hace ocho meses porque, tras ser "víctima de una emergencia obstétrica en su domicilio", es juzgada por homicidio agravado por el vínculo y alevosía.
El medicamento, combinado con misoprostol, es considerado en medicina el “estándar de oro” en interrupciones del embarazo. Su uso no estaba habilitado en Argentina pero, con autorización de la ANMAT, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva incorporó el combo a su canasta de insumos.
Junto con Líbera Abogacía Feminista, habían hecho un pedido de información al Ejecutivo provincial que fue respondido “de forma incompleta e imprecisa”. Amnistía Internacional presentó una demanda ante el máximo tribunal para que garantice el derecho a la información pública sobre interrupción voluntaria y legal del embarazo.
Según el informe ImplementAR 2021, en un año de aborto legal, se realizaron 59 348 interrupciones de embarazo en el sistema público de salud argentino, de las cuales 2916 fueron en Mendoza. El misoprostol está disponible, pero hay marcadas diferencias territoriales de oportunidades de acceso.
Según información del proyecto Mirar, la media nacional es 3,2 abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil y nuestra provincia garantiza 2,8. Son marcadas las desigualdades entre jurisdicciones en cuanto al acceso a las interrupciones del embarazo.
Un hombre que desea morir contó su historia a Unidiversidad. Por un caso similar al de él, una legisladora y un médico impulsan un proyecto de ley en el Congreso.
Según Amnistía Internacional, esos son los principales obstáculos en el acceso al derecho al aborto, a los que se le suma un mapa desigual de distribución de los centros de salud.
Desde la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Amnistía Internacional monitorea su aplicación. Registró 31 demandas, de las cuales 15 fueron consideradas inadmisibles. Además, denunció desigualdades entre las jurisdicciones para acceder al derecho.
En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la organización llamó a celebrar este día en pleno cumplimiento de la Ley 27610 y a luchar por los derechos que faltan.
El Gobierno incluyó en el Boletín Oficial un anexo de más de cien páginas con detalles e indicaciones sobre los derechos y obligaciones de pacientes, médicos e instituciones de salud en relación a la ley de IVE.
Los médicos que rechacen interrumpir el embarazo puedan expresar su objeción en forma privada en sus lugares de trabajo, al momento de su matriculación o en los registros de los colegios profesionales. En Mendoza, no habrá un registro de objetores de conciencia.
La norma entrará en vigencia en ocho días.
Será a las 18.30 y lo encabezará el presidente Alberto Fernández. También será publicado en el Boletín Oficial el Plan de los 1000 Días.