Dante Vega sobre "Argentina, 1985": "Este juicio marcó un antes y un después en la historia del país"

Sociedad

Además, progresivamente, el repudio interno a las gravísimas violaciones de derechos humanos de la dictadura se hizo escuchar a nivel internacional y las divisiones internas de las fuerzas fueron ganando lugar. A medida que la última dictadura cívico-militar (1976-1983) intensificaba sus acciones represivas, se fueron encontrando entre sí distintas personas directamente afectadas y constituyendo los distintos organismos de derechos humanos —por ejemplo, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo—, junto con asociaciones defensoras de los derechos humanos —como la Asamblea Permanente o el Movimiento Ecuménico—, que ofrecían ayuda legal, asesoramiento y contención a quienes estaban en su misma situación, investigar, recolectar testimonios, entre otras cosas. La primera organización de derechos humanos del país fue la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, fundada en 1937.

Foto. Pueblo en las calles durante el recorrido de Alfonsín el día de su asunción. Foto: Archivo Télam

Todo resultó en que, tras varias negociaciones, la dictadura accediera a entregar el gobierno el 10 de diciembre de 1983, fecha en la cual se puso fin al régimen militar que instauró el terrorismo de Estado y comenzó en la Argentina una continuidad democrática de, hasta hoy, 42 años. Este periodo —el más largo de nuestra de democracia participativa— se sostuvo con avances y retrocesos institucionales, pero hechos al fin: legislaciones de derechos humanos, juzgamientos a los genocidas, reconocimiento de los sitios de memoria.

La apertura democrática y las tensiones vigentes

Tras ganar las elecciones del 30 de octubre, el 10 de diciembre de 1983 —hace 42 años— Raúl Ricardo Alfonsín, un dirigente de considerable trayectoria en la UCR, asumió como presidente constitucional del pueblo argentino. Se impuso con el 52 % de los votos en unas históricas elecciones que marcaron la transición a la democracia, después de siete años de un régimen de terrorismo de Estado impuesto por la última dictadura cívico-militar.

Asunción de Raúl Alfonsín. Foto: Archivo Télam

A los cinco días, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presidida por Ernesto Sabato, con el objetivo de investigar los delitos militares como condición imprescindible para la reconstitución ética de la democracia naciente.

El 20 de septiembre de 1984, la Conadep entregó al presidente Alfonsín el informe de su investigación, que fue publicado bajo el título Nunca Más. Desde entonces, esas dos palabras se convirtieron en una frase medular de la historia política argentina. El análisis de la Conadep documentó la existencia de 340 centros clandestinos de detención y 8961 casos de desapariciones, una cifra cuya dimensión pocos conocían, algunos sospechaban y una buena parte de la población ignoraba.

El escritor Ernesto Sabato, presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas entrega a Raúl Alfonsín el informe final Nunca Más. Foto Télam.

En 1985 se realizó el Juicio a las Juntas. Por primera vez en la historia, los integrantes de las juntas militares que dirigieron el país entre el 24 de marzo de 1976 y la Guerra de Malvinas (1982) comparecieron ante un tribunal civil que los juzgó por sus crímenes, un hito en la región y un hecho de trascendencia a nivel internacional. "Señores jueces, nunca más", fue la frase con la que el fiscal Strassera concluyó su alegato y quedó para la historia. La sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 condenó a cinco de los militares acusados y absolvió a cuatro. Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución.

Impunidad

Entre 1986 y 1990, se sancionaron dos leyes y una serie de decretos que impidieron el juzgamiento a los autores materiales y mediatos de los crímenes de la dictadura, conocidas como "leyes de impunidad". La ley de Autoamnistía (22924), dictada por la misma dictadura, había servido de antecedente, y ya en democracia avanzaron con las leyes de Punto Final (23492) y de Obediencia Debida (23521) —durante el Gobierno de Alfonsín— y diez decretos de indultos del entonces presidente Menem a civiles y militares que cometieron crímenes, incluidos los integrantes de las juntas condenados en 1985.

Todo se dio en un contexto de tensión en el que ciertos grupos militares presionaban contra el procesamiento de los responsables de los crímenes de la dictadura. La presión tuvo epicentro en los conocidos levantamientos carapintada entre 1987 y 1990, en manos de Aldo Rico, Mohamed Alí Seineldín y Eduardo Venturino. El más conocido fue el de Semana Santa de 1987, amenaza inminente a la democracia que hizo que el pueblo saliera masivamente a las calles. El domingo de Pascua, el presidente Alfonsín se dirigió personalmente hasta el cuartel donde estaban los insurrectos y logró deponer su posición. El pacto incluyó la sanción posterior de la ley de Obediencia Debida.

Además, en enero de 1989, un comando civil del Movimiento Todos por la Patria (MTP) intentó ocupar un cuartel del Ejército ubicado en La Tablada para —según su versión— evitar un golpe carapintada inminente contra el gobierno de Alfonsín. El presidente ordenó a las fuerzas intervenir para evitar el copamiento. Hubo un enfrentamiento con decenas de muertes hasta que el grupo de ocupantes sobreviviente se rindió y fue juzgado inmediatamente. Pero la lógica de las fuerzas armadas seguía siendo represiva: en 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprobó que el Estado argentino fusiló, torturó y vejó a varias de las personas detenidas y no respetó el debido proceso. Además, familiares denuncian cuatro desapariciones: José Díaz, Iván Ruiz, Carlos Semojedny y Francisco Provenzano. Solo fue investigado el caso de Díaz y el responsable fue condenado en 2019.

Alfonsín en el Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, después de los combates y rodeado por comandos. ​Foto de Infobae. 

Los avances posibles 

En 1994, la Reforma de la Constitución asignó, en el Art. 75, jerarquía constitucional a diez instrumentos internacionales de derechos humanos y otorga al Congreso la potestad de adjudicarle esta jerarquía a futuros instrumentos sobre la temática.

En la segunda mitad de la década del 90, se hicieron los Juicios por la Verdad. La posibilidad de la persecución penal estaba perdida por las leyes de impunidad, pero la presión social para desentrañar lo sucedido hizo buscar alternativas y resultó en el inicio de los Juicios por la Verdad, propiciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en reconocimiento del derecho a la verdad.

Buscaron garantizar el derecho de familiares de víctimas a saber cuáles fueron las circunstancias de desaparición y el destino de los restos, si fuera el caso. Los juicios por la Verdad se desarrollaron con particularidades en distintas jurisdicciones — La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Jujuy, Mendoza, Córdoba— y los tribunales dispusieron una serie de medidas que solicitaban información a dependencias militares y ordenaban la presentación de sus integrantes para brindar testimonio.

Estallido social en 2001. Foto Télam

Tras el estallido social del 2001 —por la inédita una crisis económica, social y de representación—, el presidente declaró el Estado de sitio y la gente no se guardó. El pueblo salió masivamente a las calles el 19 y 20 de diciembre contra esa disposición y De la Rúa renunció y dejó, para la historia, la imagen icónica de su partida en helicóptero de la Casa Rosada. Le sucedieron cuatro presidentes más en once días: Puerta, Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde, quien terminó llamando a elecciones. Todo esta crisis institucional, particularmente a partir de la resistencia al Estado de sitio, dejó en evidencia que era una crisis de representación —con el “que se vayan todos” como lema—, pero no de la democracia.

El fin de la impunidad

El 1 de agosto de 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, la ley 25633 declaró al 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha de inicio del último golpe. La fecha conmemora a las víctimas del terrorismo de Estado y reconoce la responsabilidad estatal por la violación a los derechos humanos cometidas bajo el mando de las juntas militares que se sucedieron durante la dictadura.

24 de marzo. Foto Télam / Vaca Leo

El 21 de agosto de 2003, el Senado declaró “insanablemente nulas” las leyes de Punto final y Obediencia debida mediante la sanción de la ley 25779. En la misma sesión elevó a rango constitucional la Convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estos instrumentos posibilitaron la apertura de los juicios penales contra integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad comprometidos con el terrorismo de Estado.

En cuanto a los indultos, distintos tribunales fueron declarando su inconstitucionalidad. El 15 de junio de 2006 la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, consideró inconstitucionales los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad. Finalmente, el 31 de agosto de 2010, la Corte Suprema de Justicia lo confirmó.

Lo material y lo simbólico

"Proceda", le dijo Néstor Kirchner a Roberto Bendini, jefe del Ejército, el 24 de marzo de 2004, y así ordenó que fueran retirados los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone de la galería de directores del Colegio Militar de El Palomar.

Foto de María Eugenia Cerutti

Entre 2006 y 2007, empezaron los juicios por delitos de lesa humanidad en las principales ciudades del país y se dictaron las primeras condenas a los genocidas. En Mendoza, el inicio de estos debates se demoró cuatro años, fundamentalmente porque los magistrados encargados de motorizar los procesos habían sido partícipes del plan sistemático de la dictadura, como demostró la sentencia del 26 de julio de 2017, que condenó a prisión perpetua a los jueces Luis Miret, Otilio Romano, Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo.

El primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza empezó el 1 de julio de 2010 en San Rafael. Se fueron sucediendo los procesos judiciales y, hasta hoy, ha habido 12 juicios con sentencia en la provincia, con 90 condenados. El juicio 13, en curso, investiga la estructura del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2) —el centro clandestino más grande de la provincia—  y la participación de sus integrantes en los crímenes. Hasta el momento, en el país ha habido cerca de 350 sentencias y de 1200 personas condenadas por delitos de lesa humanidad. En la provincia, las personas condenadas son unas 90.

Los jueces en el banquillo de los acusados, junto con integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, custodiados por el Servicio Penitenciario. Foto: www.lesahumanidadmendoza.com

Una de las primeras causas por delitos de lesa humanidad que se abrieron fue contra el represor y exjefe de Operativo de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz, donde declaró Jorge Julio López, sobreviviente, querellante y testigo clave. El 18 de septiembre de 2006, un día antes del dictamen, López fue desaparecido nuevamente, cuando se encaminaba a presenciar los alegatos de ese primer juicio, realizado en La Plata. El genocida fue condenado a cadena perpetua en cárcel común y murió en 2022. Julio López continúa desaparecido.

Julio López. Foto Página 12

En septiembre de 2006, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido por Carlos Rozanski, emitió el primer fallo que incluye la figura de genocidio. Mediante un decreto del Ejecutivo, en 1956 Argentina había adherido a la Convención para la Prevención y Sanción el Delito de Genocidio, aprobado por la III asamblea de la ONU de 1948. La figura del delito internacional de genocidio es incorporada en distintas sentencias, también en las de los tribunales de Mendoza.

El 29 de junio de 2011 se sancionó la ley 26691, que declara como sitios de memoria a los lugares (centros clandestinos de detención, tortura, exterminio, cementerios, etc.) donde ocurrieron hechos de represión ilegal durante el terrorismo de Estado. La normativa busca garantizar su preservación, señalización y difusión para la memoria colectiva, la investigación judicial y la educación, como ocurre en la ex-ESMA, por ejemplo.

Ex-D2. Foto Télam / Ramiro Gómez

En el marco de la ley 26691, se señalizaron todos los sitios de memoria que se conocen. Además, el Ejecutivo provincial dispuso la refuncionalización del entrepiso con los calabozos del ex centro clandestino de detención D2, mediante el decreto 499/14. La entrega de parte del edificio a organismos de derechos humanos de Mendoza se oficializó el 12 de septiembre de 2015 y el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos ex-D2 tiene, ya, diez años. Además, posteriormente se refuncionalizó la ex Comisaría 7.a, de Godoy Cruz.