Próvolo II: el fiscal de la causa recusó a dos juezas que integran el Tribunal
Alejandro Iturbide pidió que se aparten del proceso las magistradas Salido y Renna. Los fundamentos del pedido y cómo sigue el juicio.
En este segundo proceso, se juzga a once exdirectivas y empleadas del instituto que funciona en Luján de Cuyo. Foto: Unidiversidad
El titular de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide, recusó a las magistradas María Belén Salido y María Belén Renna, que integran el tribunal que lleva adelante el segundo juicio por los abusos en el Instituto Próvolo.
Después de muchas dilaciones, el proceso comenzó el 3 de mayo, pero luego de algunas audiencias, se suspendió hasta el 31 de mayo. La razón fue que el juez Horacio Cadile, que se desempeñaba como presidente del Tribunal, se apartó del proceso luego de que la defensa de las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez presentara copias de mensajes de chat y denunciara que en ellos el magistrado se refería a una de las imputadas de modo poco apropiado.
La decisión de Cadile produjo un cambio en la conformación del tribunal, que quedó presidido por Gabriela Urciuolo, con Rafael Escot y Belén Salido, como vocales y Belén Renna como suplente.
Los fundamentos del fiscal
Ahora, el fiscal Iturbide solicitó la recusación, es decir, el apartamiento de la causa, de las magistradas Salino y Renna, con base en fundamentos diferentes para cada caso. En cuanto a Salido, el fiscal planteó una “posible sospecha de imparcialidad”, teniendo en cuenta que la magistrada ya opinó en el proceso, cuando resolvió la recusación que presentó la defensa de las dos religiosas contra la jueza Marina Alejandra Martín.
En esa resolución, la magistrada planteó que en el caso Próvolo existen “intereses políticos” y explicitó que la senadora Daniela García fue la primera que conoció los hechos y la que impulsó la causa. También detalló que la legisladora forma o formó parte del cuerpo que debe prestar el acuerdo a los magistrados propuestos por el Ejecutivo, es decir, el Senado, y que pertenece a la misma fracción política del gobernador, que es el que tiene la potestad de elegir candidato para juez o jueza y enviar el pliego a la Legislatura.
En su pedido, Iturbide también destacó que esta postura de la existencia de un “interés político” detrás de la causa es la misma que planteó la defensa de las religiosas Kosaka y Martínez para pedir la recusación de quien fue el presidente del Tribunal, Horacio Cadile.
En cuanto a Renna, el fiscal planteó un escenario a futuro en el que asegura que el debate se podría extender hasta noviembre, teniendo en cuenta la cantidad de testimonios. Explicó que este lapso podría significar un problema, teniendo en cuenta que Renna es actualmente conjueza, una figura que creó la Suprema Corte para que puedan actuar como tales, aunque aún no cumplen con el trámite de designación que incluye que el Ejecutivo envíe su pliego al Senado y que el cuerpo lo apruebe.
Para el fiscal, si bien es posible que el proceso se cumpla mientras se desarrolla el debate, esto podría no ser así y otra persona debería tomar su lugar cuando el proceso avance, con los inconvenientes que eso traería.
Cómo sigue el proceso
Las primeras que deben contestar al pedido de recusación realizado por el fiscal son las propias magistradas. Esto significa que Salido y Renna deben contestar si se apartan o no del proceso.
Una vez que opinen las magistradas, será el Tribunal que lleva adelante el juicio el que tendrá la última palabra. Serán Gabriela Urciuolo, Rafael Escot y un juez o jueza que será designado y que en este caso deberá ser de otra circunscripción, ya que en la Primera (Gran Mendoza y Lavalle), los y las magistradas penales ya opinaron en alguna de las instancia del primero o del segundo juicio por los abusos en el Próvolo, que actualmente está en marcha.
Si las magistradas son apartadas del caso, también será necesario buscar a quienes integran el Tribunal en lugar de las desplazadas en otras jurisdicciones, como por ejemplo, el Valle de Uco. Esto en relación a que jueces y juezas del Gran Mendoza ya opinaron en alguna instancia de el proceso.
La causa
En el segundo juicio están imputadas nueve personas: las religiosas Kosaka (46) y Martínez (53) y las exdirectivas y trabajadoras del Instituto Graciela Pascual (65), Gladys Pinacca (66), Cristina Leguiza (50), Valesca Quintana (48), Laura Gaetán (60), Cecilia Raffo (43) y Noemí Paz (63).
Por esta causa, ya fueron condenadas cuatro personas y una fue declarada inimputable. En 2018, Jorge Bordón aceptó la culpabilidad en los hechos que le imputaban y fue sentenciado a 10 años de prisión, mientras que en 2019, los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, junto a Armando Gómez, recibieron condenas a 42, 45 y 18 años respectivamente.
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