El secretario general del gremio docente, Sebastián Henríquez, responsabilizó al Gobierno por el cierre de los cursos en algunas escuelas técnicas de la provincia. Además, afirmó que presentará un proyecto en la Legislatura sobre Emergencia Educativa y calificó de “mamarracho jurídico” a lo sucedido con la Suprema Corte de Justicia de Mendoza respecto al tema del ítem aula.
La Suprema Corte respondió al reclamo del gremio por la dilatación del fallo sobre el discutido adicional salarial. El plazo para emitirlo fue acortado, pero serán todos los miembros del tribunal supremo los que dicten sentencia, contra lo que pidió el SUTE.
Lo hizo el titular del gremio docente, Sebastián Henríquez, quien anunció que presentaron un recurso ante la Justicia para que la Corte revea su decisión de resolver el tema en plenario.
El Máximo tribunal hizo lugar a un pedido de Cornejo para que los siete ministros resuelvan la situación. El titular del SUTE aseguró que el fallo era desfavorable para el Gobierno y por eso avanzó en este planteo.
El Senado dio su aprobación al proyecto que fue presentado por el oficialismo. Con el apoyo de la oposición, la iniciativa no tendrá problemas en convertirse en ley en Diputados.
Para el Colegio de Abogados, la Suprema Corte podría fallar por la constitucionalidad pero con algunas limitaciones. El gremio SUTE ya anunció que más allá de la sentencia seguirán con nuevas medidas de fuerza.
Sebastián Henríquez, secretario general del SUTE, dijo: "Si hay justicia no puede haber ítem aula". Afirmó la intención del organismo de seguir dando pelea en caso de un fallo a favor del adicional.
Se trata de una iniciativa que ingresó en el Senado y propone regular los incentivos que se pagan a los docentes. Entre las modificaciones, la DEIE hará un relevamiento y modificará las categorías cada ocho años. Para el gremio docente implica menos sueldo.
El reclamo del SUTE ante la Corte en relación al ítem aula podría salir en contra de los docentes y a favor del gobierno. El sindicato llama a movilizarse.
El martes 21 se realizó una audiencia para negociar el pago de la deuda que mantiene el Gobierno de Mendoza con los docentes y no docentes en concepto de este adicional, pero pasó a cuarto intermedio. Hoy tampoco hubo avances y habrá una nueva reunión el próximo 30 de noviembre.
Con el espaldarazo que le dieron las urnas, el Ejecutivo avanza en un programa de premios y castigos para controlar las cuentas y regular los fondos que envía al interior. Entre los múltiples cambios se destacan que los servicios de la deuda no podrán superar el 15 % de los recursos corrientes coparticipados a los municipios y que "las jurisdicciones que superen ese porcentaje no podrán acceder a un nuevo endeudamiento". En tanto, sólo las provincias que hayan tenido superávit o resultado equilibrado podrán incrementar la planta de personal.
El gobernador quiere pagarles a los docentes unos 700 millones adeudados en concepto de zona. El SUTE presiona para que se discuta en paritarias y huele una maniobra electoral.
El juez electoral Walter Bento aseguró a Unidiversidad que este domingo hubo un "mínimo (y esperable) porcentaje de demora en la habilitación de mesas, pero que se solucionó antes de las 8.30". Cuál es el costo de no votar.
Con una modificación al reglamento, dos legisladores de Cambia Mendoza presentaron un proyecto para recortar el 10 % las dietas de senadores que falten a sesiones o reuniones de comisión. El justicialismo hizo lo mismo en Diputados, pero la iniciativa todavía no fue tratada.
Tras el fallido tratamiento de dos proyectos de ley en el Senado, el gobernador Alfredo Cornejo analiza instrumentar un incentivo económico para legisladores en función de su productividad.
En Mendoza, el ministro de Educación de la Nación defendió la propuesta salarial porque asegura que se llegará a la meta de inflación. Presentó los objetivos del Plan Maestro.
El 60% de los consultados en una encuesta avala la medida. El Sute fustiga la evaluación, mientras se espera la resolución de la Suprema Corte por la constitucionalidad, o no, del adicional.
El organismo avaló la medida impuesta por Cornejo. Ahora se espera el dictamen de la Suprema Corte de Justicia.
La sentencia favorece a cinco maestras que no cobraron el adicional por cambio de funciones durante cinco meses. La Justicia determinó que conlleva un "riesgo de daño a su dignidad".
El máximo tribunal debe resolver la inconstitucionalidad del ítem aula, pero el año electoral jugaría en contra del pronunciamiento.